Uno de los aspectos que más controversia ha levantado en los diferentes estados respecto a juegos de azar es la publicidad. Son varias las naciones que ya han impuesto restricciones a la misma, tal como ocurre en España o como se está planteando hacer en Chile. Una discusión de la cual Brasil no es ajeno, dado que el Gobierno también está planteándose la posibilidad de establecer restricciones a la publicidad de casinos y casas de apuestas.
En este contexto, el estado de Fortaleza ha decidido adelantarse tras la presentación por parte del concejal Danilo López, de un proyecto de ley que prohibiría la publicidad, promoción o patrocinio de empresas de apuestas dentro de la capital de Ceará. Esta norma, siguiendo el planteamiento de otras similares, afectaría a cualquier soporte publicitario tradicional o a través de redes sociales, en el cual se prohibía la publicidad de estos operadores. También se establecen limitaciones respecto a la prohibición de aquellas campañas que permitan, al entender a los usuarios, ganar dinero con las apuestas o que puedan conseguir cualquier otro beneficio a partir del juego.
Respecto al régimen sancionador, el proyecto de ley establece la capacidad sancionadora por parte de las administraciones correspondientes en materia del consumo y demás prescripciones legales para imponer las sanciones que consideren oportunas en caso de producirse incumplimientos de la norma. En paralelo, se pretenden promover campañas de concienciación sobre los riesgos que tiene el juego entre la población, con especial énfasis en los colectivos vulnerables. Algo que principalmente se relaciona con la existencia de campañas publicitarias fraudulentas con falsos ganadores o con la excesiva presencia de la publicidad de casas de juego y apuestas en la sociedad.
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Cabe mencionar que este proyecto de ley se adelanta al que plantea el Gobierno de la nación para limitar el juego dentro del país. Entre las limitaciones de la norma nacional, se prevé la suspensión de la actividad de aquellas empresas que no cuenten con licencia o bien de aquellas que realicen campañas publicitarias infundadas en relación con aspectos sobre las posibles ganancias sobre las posibilidades de ganar. También sobre aquellas que indiquen que el juego es un elemento que contribuye al éxito social. Igual ocurre con aquellas campañas destinadas a ofrecer, como alternativa al trabajo o como una solución a nuestros problemas, las posibles ganancias de juegos. Todo ello sin olvidar la prohibición de aquellas campañas que puedan ofender las creencias tradicionales de la nación.
Para ejecutar dichos procedimientos, el gobierno obligará a las empresas de comunicación y proveedores de Internet a retirar aquellos anuncios que no sean conformes a la norma, previa solicitud del Ministerio de Hacienda. Un organismo que también podrá imponer restricciones de horarios y emisiones respecto al contenido publicitario de las apuestas y el juego para evitar que estos sean masivos o que puedan alcanzar a grupos vulnerables como los menores.
Respecto a la aplicación de la norma, la misma se encuentra actualmente en fase de enmiendas tras una primera votación en la Cámara de Diputados, estando prevista la segunda para el 17 de octubre.
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