Ante la cantidad de máquinas tragamonedas que circulan ilegalmente en las calles de Paraguay, la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar, APOJA, acusó a las municipalidades de colaborar en la violación de las leyes de juegos de azar, especialmente la ley de las máquinas tragaperras.
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APOJA denunció que en la mayoría de los municipios del país operan muchas máquinas tragamonedas que no están debidamente autorizadas. Sólo en pocos municipios se han actualizado las normativas aplicables y en sus calles no operan máquinas slots, pero lamentablemente no es la misma situación en todo el país.
Exponen que esta situación viola grotescamente la Ley N° 9603. Esta circunstancia se presenta sólo por la falta de voluntad de las autoridades competentes para combatir estas irregularidades. Acusa a las municipalidades de ser cómplices de estas ilicitudes.
A estos entes administrativos territoriales se les acusa de impedir el control del dinero que circula en las máquinas tragamonedas. APOJA denuncia que estas omisiones contribuyen con la evasión de impuestos.
De acuerdo a APOJA, las máquinas tragamonedas que operan ilegalmente en las calles menoscaban notoriamente la Ley N° 9603 que protege los derechos de los niños y adolescentes de desarrollar conductas dependientes a los juegos de azar que pueden comprometer su salud mental.
APOJA declaró que se trata de una situación grave que requiere la atención de las autoridades competentes. Actualmente se encuentran elaborando informes y recopilando pruebas para presentar demandas serias y responsables.
Ante las denuncias presentadas, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, CONAJZAR, aplicó una serie de medidas para solucionar el problema. Dictó el Decreto N° 938/2023 en el cual se establece que las máquinas tragaperras sólo pueden operar en las salas autorizadas por las municipalidades.
Además, las salas deben estar inscritas en el registro y tienen que estar constantemente bajo control y supervisión. Sólo así se regula la circulación del dinero. También se les exige a los municipios notificar el número de salas que han autorizado. Según el propio ente, tan sólo un municipio ha cumplido con esta disposición.
Este decreto fue publicado el 27/12/2023 y desde esa fecha entró en vigor. Las municipalidades cuentan con 30 días para acatar esta normativa. El ente recordó que el 30% de la recaudación se destina a satisfacer la beneficencia social. El resto se distribuye entre las gobernaciones y los municipios.
El organismo aclaró que están trabajando para erradicar los juegos clandestinos, no sólo las máquinas tragamonedas, también otros juegos de azar irregulares. Informó que con estas actividades aumentará la recaudación de los impuestos.
CONAJZAR recordó a los 263 municipios que tienen hasta el 08 de febrero para cumplir estrictamente con estas disposiciones. Una vez vencido el plazo procederán a practicar fiscalizaciones masivas en todo el país con la Policía Nacional, Ministerio Público y la Dirección General de Ingresos Tributarios.
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