México plantea una reforma innovadora para restringir las apuestas en máquinas electrónicas. Así lo ha dejado saber la Secretaría de Gobernación, quien ha presentado un proyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con el objetivo de prohibir las apuestas en tragamonedas y simuladores de bingo o cartas, entre otros dispositivos similares.
Una característica fundamental de esta propuesta es que no tendrá un carácter retrospectivo. De manera que, los cerca de 444 casinos que están operativos en la actualidad en el país podrán seguir utilizando sus máquinas durante la duración de sus permisos, lo mismo se aplica a los 408 casinos con permisos vigentes pero inactivos.
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Además, el gobierno ha informado que se impondrán restricciones similares a los intentos de abrir nuevas entidades de juego con algún tipo de las máquinas electrónicas señaladas anteriormente. La reforma también se aplica las prórrogas de permisos y nuevas credenciales que en el pasado reciente fueron otorgadas por las autoridades.
¿Por qué se implementa esta medida? Los representantes gubernamentales señalan que esta acción es necesaria ya que las referidas máquinas no cumplen con la Ley Federal de Juegos y Sorteos. De acuerdo con las especificaciones del SEGOB, solo están autorizados determinados juegos en particular.
A pesar de que las máquinas electrónicas fueron legalizadas hace algunos años atrás -en esencia con esta reforma-, el gobierno busca proteger a personas vulnerables y prevenir los efectos adversos del juego de azar.
Bonos actuales Sin embargo, la propuesta ha suscitado mucha inquietud en el sector del juego en gran parte del territorio nacional. En ese sentido, La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA), ha hecho una clara advertencia a través de los medios de comunicación:
La medida de reforma llevada a cabo por las autoridades podría afectar significativamente la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Incluso existe un riesgo latente de llevar al cierre a muchos sitios de juego.
Como consecuencia de esta medida gubernamental, se contempla la pérdida de muchos puestos de empleo en un sector que contrata a decenas de miles de personas de manera directa e indirecta. Esto a su vez tendrá una repercusión directa en la economía del país, sobre todo en el poder adquisitivo de las personas.
La Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos ha advertido sobre una disminución en la participación de los jugadores, pérdida de empleos y reducción de contribuciones fiscales si el proyecto se aprueba.
Por otro lado, el ente que rige la hacienda y el gasto público (SHCP) argumenta que el IEPS de juegos y sorteos representa menos del 1% de todos los ingresos fiscales en los últimos cuatro años y que la prohibición propuesta busca cumplir con la normativa vigente y regular adecuadamente la industria del juego.
Esta reforma podría impactar principalmente en las contribuciones locales, ya que la legislación actual exige que los permisionarios o casinos paguen impuestos por la instalación y operación de estas máquinas electrónicas.»
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