Argentina

INTRODUCCIÓN

Existe todo un conjunto de normas, decretos y regulaciones, desde la Constitución Nacional hasta el Código Civil y leyes especiales que regulan y organizan, directa e indirectamente, la actividad económica de los mercados, las obligaciones de los proveedores de productos y servicios y los derechos de los usuarios y consumidores. Así, puede decirse que existe, dentro del ordenamiento jurídico argentino general, todo un “subsistema” protectorio en materia de derechos de los consumidores, integrado por leyes que regulan – a modo de ejemplo – el transporte, las comunicaciones, los alimentos, los medicamentos, los servicios públicos y privados y toda otra actividad destinada a los consumidores y usuarios. Y dentro de ese subsistema puede identificarse, como norma integradora o eje vertebral específico del sistema de protección de los consumidores, a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que rige desde el año 1993 y fue modificada sustantivamente a partir de la sanción de la ley 26.361 del año 2008, que actualizó su texto e introdujo figuras e institutos muy importantes como el daño punitivo, la protección de conductas indignas o abusivas en perjuicio del consumidor y la posibilidad de fijar reparación de daños a favor del consumidor en la esfera administrativa, a través de la autoridad de aplicación.

RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

  • 1. ¿Existe alguna previsión constitucional relacionada con la defensa del consumidor en su país?

    Los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional refieren específicamente a los derechos de los usuarios y consumidores, previendo aspectos relacionados básicamente con la protección de la salud, seguridad e intereses económicos de los mismos, así como a la acción de amparo para el ejercicio y protección de esos derechos.

  • 2. ¿Existe alguna legislación especial de Defensa del Consumidor? ¿Se trata de normativa de orden público?

    La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, reformada sustantivamente por la ley 26.361 a partir del año 2008, es la norma específica de protección de los consumidores y usuarios y es una norma de orden público, como la propia ley prevé en su art. 65.

  • 3. ¿Ocurren conflictos entre el Derecho del Consumidor y otras normas de Derecho Público o Privado? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la tendencia en las decisiones de los Tribunales? ¿Ha existido predominio por el Derecho del Consumidor?

    Dentro del ordenamiento jurídico general, existen conflictos o colisiones entre derechos o previsiones legales de la Ley de Defensa del Consumidor y otras normas generales o especiales que regulan distintos sectores de actividad. En general prevalece, en la resolución de los casos, tanto administrativa como judicialmente, la interpretación o la aplicación de la previsión legal más favorable para el consumidor.

  • 4. ¿Se prevé una tutela penal en las relaciones de consumo?

    Si bien la ley especial de los consumidores no prevé delitos para la materia, sí en el Código Penal de la Nación Argentina se prevén figuras o tipos penales aplicables a las relaciones de consumo. Ver artículos 159, 173, 174, 200, 201, 204, 204 bis, 204 ter, 204 cuater, 206, 208, 300, 301 y otras figuras establecidas en leyes especiales.

ESTRUCTURA DISPONIBLE PARA LA GARANTÍA DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR

  • 5. ¿Existe un organismo central gubernamental de Defensa del Consumidor? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus facultades y atribuciones?

    Existe una autoridad administrativa nacional de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor que es la Secretaría de Comercio Interior; autoridad que puede, entre otras facultades y atribuciones, imponer sanciones por infracciones a la normativa, realizar audiencias de conciliación entre proveedores y consumidores, dictar medidas de cese de conducta, controlar cláusulas abusivas en contratos de consumo y autorizar el funcionamiento de las asociaciones de consumidores.

  • 6. ¿Existe alguna forma de descentralización del referido organismo?

    Conforme nuestro sistema representativo, republicano y federal de gobierno, existe una autoridad administrativa nacional de la ley ya referida y cada jurisdicción, es decir cada provincia del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen su propias autoridades administrativas de aplicación, pero que no operan como entes descentralizados del organismo nacional. A su vez, existe sí descentralización para algunas cuestiones en entes municipales.

  • 7. ¿Qué tipo de sanciones están previstas para ser aplicadas por los órganos de Defensa del Consumidor en los ámbitos administrativo, civil y penal?

    En sede administrativa, ante incumplimientos a la ley está prevista la aplicación de sanciones de apercibimiento, multa, decomiso de mercaderías, clausura de establecimientos, suspensiones de registros y pérdidas de exenciones impositivas o privilegios fiscales. Adicionalmente, en sede judicial y en materia civil puede adicionarse la aplicación de daño punitivo al proveedor a favor del consumidor y, en sede penal, las penalidades de multa y de penas privativas de la libertad enumeradas en el punto 4.

  • 8. ¿Existen entidades civiles o de cualquier iniciativa no gubernamental de Protección al Consumidor? ¿Tienen alguna regulación especial?

    Existen entidades civiles no gubernamentales, de distinta conformación, que tienen como finalidad la protección de los consumidores. Su actividad está regulada en normas generales atinentes a las personas jurídicas y – por especialidad – en los artículos 55 y siguientes de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

  • 9. ¿El Gobierno de su país apoya de alguna forma a esas entidades? ¿A cuáles y de qué forma?

    La autoridad de aplicación apoya a las asociaciones no gubernamentales a través de distintas modalidades, como proyectos de capacitación, y campañas de difusión de derechos, la entrega de subsidios para el funcionamiento o para financiar actividades o políticas especiales de consumo, la convocatoria a conformar consejos consultivos o a integrarse a directorios de organismos de control específicos, entre otras.

  • 10. ¿Existen Comisiones o Consejos que reúnan a las entidades civiles de defensa del consumidor? ¿Actúan como órganos consultores del Gobierno?

    Existen Consejos Consultivos de asociaciones de consumidores que actúan como órganos de consulta en relación con distintas políticas gubernamentales, generales o sectoriales, en materia de protección al consumidor, como el Consejo Asesor para Evaluar el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores.

  • 11. ¿Quien representa internacionalmente al país en las cuestiones referentes a la protección y defensa del consumidor?

    En general son funcionarios de la propia autoridad administrativa de aplicación, a través de la participación de sus funcionarios en distintos eventos y foros regionales o multilaterales relacionados con la protección del consumidor, así como también – en determinadas situaciones – a través de la participación de expertos gubernamentales y no gubernamentales en la materia de protección al consumidor, a través de la Cancillería Argentina.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

  • 12. ¿Cómo se presenta la Defensa del Consumidor en el ámbito judicial? ¿Hay algún procedimiento diferencial para la defensa del consumidor?

    La problemática del consumidor también es receptada en el ámbito judicial a través de acciones, tanto particulares como de incidencia general o colectiva, presentadas por autoridades gubernamentales, consumidores damnificados o por distintos legitimados – en general asociaciones de consumidores – con la finalidad de obtener medidas de cese de conductas ilícitas por parte de los proveedores como la reparación integrales de los daños y perjuicios ocasionados.

  • 13. ¿De cuáles mecanismos judiciales disponen los consumidores para su protección? ¿Es posible iniciar acciones de incidencia general o colectiva en materia de protección al consumidor? ¿Cual es su régimen o regulación?

    Existen dos tipos de acciones: la individual o particular, articulada por un consumidor damnificado por determinado incumplimiento contractual o legal y las acciones de incidencia general o colectiva, ejercidas a través de distintos legitimados (Defensor del Pueblo, Asociaciones de Consumidores, Ministerio Público y Autoridad de Aplicación de la ley de protección al consumidor) y que se encuentran receptadas y reguladas en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en los artículos 52 a 55 de la Ley 24.240 de Protección al Consumidor y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

  • 14. ¿Se practican resoluciones alternativas de conflictos en el área de Protección al Consumidor? En caso afirmativo, ¿cómo funcionan y quiénes son los responsables?

    Existen básicamente dos métodos alternativos de resolución de conflictos de consumo en el área de protección al consumidor: la conciliación y el arbitraje de consumo. La primera se encuentra prevista como etapa procesal previa y obligatoria en el procedimiento sumarial de la Ley 24.240 y es desarrollada por las autoridades administrativas de aplicación. El arbitraje, en cambio, está creado por Decreto Presidencial, funciona en la órbita de la autoridad de aplicación, aunque es un tribunal independiente, voluntario para las partes y que resuelve de modo inapelable y en instancia única la problemática planteada, en general por equidad, a través del dictado de laudos. La existencia de Tribunales Arbitrales de Consumo Turísticos, por otra parte, constituyen una opción de solución rápida de conflictos en períodos de vacaciones.